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| María de los Ángeles Fromow Rangel. (Foto: Braulio Tenorio) |
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El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto evalúa redireccionar los recursos de la Iniciativa Mérida a la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial (juicios orales), el cual deberá estar en operación en 2016, como lo ordena la Constitución tanto en el ámbito federal como en las 32 entidades del país.
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), explica que las causas del "rezago" en el desarrollo del nuevo sistema estriban en que los recursos no han sido suficientes para llevarla a cabo.
En entrevista con EL FINANCIERO, admite que no todos los operadores involucrados en el nuevo sistema se han capacitado y profesionalizado para adquirir las herramientas, aptitudes y destrezas que requieren para hacer frente a las nuevas labores que desempeñarán.
"Si no tomamos medidas inmediatas para acrecentar la implementación de manera periódica y de forma acelerada, no vamos a llegar a 2016", advierte y urge a todos los actores involucrados, tanto en los Poderes de la Unión como en los tres órdenes de gobierno, a "acelerar el paso" porque no habrá ninguna prórroga.
Una evaluación realizada por la Setec , en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), indica que el costo de este nuevo sistema se estima en 5.7 mil millones de pesos en un nivel básico, 64.9 mil millones para el intermedio y 194.9 mil millones para el óptimo.
Fromow Rangel comenta que existen algunos ofrecimientos que se están valorando, como el caso de la propia Iniciativa Mérida, que es un esquema de cooperación entre México y Estados Unidos que permite fortalecer y complementar los esfuerzos internos contra la delincuencia organizada transnacional.
"Hay, podríamos decir, algunos ofrecimientos; tenemos que explorarlo lógicamente con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), ponérselo en la mesa y evaluar desde esa perspectiva si podemos y cómo podemos acceder a esos fondos que nos pudieran ayudar en algún momento" a este propósito, revela.
Diversificar
Además, refiere que anteriormente los recursos de la Iniciativa Mérida se dirigieron sólo al tema de seguridad, por lo que ahora, con el nuevo gobierno, existe la posibilidad de redireccionarlos también al nuevo sistema de justicia penal.
Entre octubre de 2007 y septiembre de 2012, el gobierno mexicano ejerció mil 75 millones de dólares de transferencias de la Iniciativa Mérida, de los cuales 859 millones correspondieron a equipos y 148 millones a programas de capacitación y fortalecimiento institucional.
Para acelerar la aplicación, precisa Fromow, también se contempla recurrir a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), así como a Banobras, a los cuales las entidades federativas pueden tener acceso.
Recursos limitados
En 2013, detalla, la Setec contará con un presupuesto de 458 millones de pesos que, dividido entre las 32 entidades federativas, resultan recursos limitados para los subsidios que se entregarán para la realización de los proyectos en el marco de la estrategia nacional de implementación.
Ante la escasez de recursos, opina que la aprobación de una reforma fiscal podría contribuir a que se destinen mayores fondos para este programa.
Por tanto, se trabajará de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales para cumplir con la implementación en el plazo establecido en la reforma constitucional.
Señala que si bien es importante la manera de financiar el nuevo sistema de justicia penal, tiene mayor peso el compromiso político, público y social en las entidades federativas, porque ha habido estados que con muy pocos recursos han buscado la manera de comenzar la implementación. |
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