Consejeros del IFE y representantes partidistas coincidieron con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, que es responsabilidad de los partidos la seguridad de quienes postulen, así como de que no tengan relación con el crimen organizado.
La víspera, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entregó a la dependencia su lista de candidatos a puestos de elección popular en cinco estados y le pidió indagar si están relacionados con este flagelo, pero la Secretaría de Gobernación se desmarcó de esta responsabilidad.
En entrevista los consejeros electorales Benito Nacif y Marco Antonio Baños se sumaron a la postura de la dependencia en el sentido de que "no es una de sus atribuciones determinar la situación jurídica de personas frente a hechos presumiblemente constitutivos de delito".
Al respecto, Nacif aseveró "me parece que involucrar a la Secretaría de Gobernación o a otras instancias directamente en los procesos de validación de candidaturas puede generar muchos problemas, porque es una cuestión muy delicada".
En su opinión, no se debe meter al gobierno o a otras instancias de gobierno en la selección de candidatos de los partidos de oposición o de otros institutos políticos. "No puede ser ese el papel de estas instituciones", resaltó.
Asimismo el consejero Benito Nacif señaló que frente a los comicios el Poder Judicial Federal tiene una gran responsabilidad para que no se suspendan los derechos político-electorales de los ciudadanos, sobre todo de quienes aspiran a un cargo público.
"El Poder Judicial está llamado aquí a desempeñar un papel muy importante, porque esa es la garantía que tenemos los mexicanos de la actuación imparcial y apegada a la ley de las instituciones procuradoras de justicia", precisó.
A su vez el consejero electoral, Marco Antono Baños Martínez vio un tanto complicado que el Estado mexicano brinde seguridad personal a cada uno de los candidatos.
Puntualizó que es un tema que debe discutirse y habría que revisar una logística específica, así como atender las condiciones actuales de las áreas responsables de brindar seguridad, porque "colocar vigilancia a cada uno de los candidatos sería una tarea complicada para cualquier autoridad".
Por separado, la representante suplente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el IFE, Mariana Benítez, recordó que ni en la Constitución ni en las leyes electorales hay precepto alguno que establezca que la Secretaría de Gobernación está obligada a certificar a los candidatos a puestos de elección popular.
Insistió en que evidentemente, de acuerdo con la ley, la dependencia no tiene la atribución de certificar candidatos, por lo que si se quiere hacer eso la discusión o el debate se debe llevar hacia allá para empezar en lo legislativo.
La representante priísta suplente ante el Instituto Federal Electoral (IFE) consideró que hasta el momento no se ha planteado la posibilidad de que Gobernación sea la que certifique a los candidatos, porque "eso sería un filtro hasta cierto punto delicado".
En contraste el representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, lamentó que el gobierno federal no quiera coadyuvar en el asunto e indagar si hay aspirantes que tendrían vínculos con la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
"Me parece una declaración un poco desafortunada, dada la magnitud y responsabilidad que tiene el Estado mexicano y que en otras ocasiones han tenido que participar de lo que los partidos, como instituciones de interés público, pueden y tienen el derecho de solicitar", expresó.
El representante perredista señaló que evidentemente que lo que se ve aquí es que "no quiere la responsabilidad de investigar este asunto la Secretaría de Gobernación".
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